¿Cuál es el estado actual de las investigaciones judiciales en Colombia sobre familiares de Gustavo Petro?
Executive summary
Las investigaciones judiciales contra familiares del presidente Gustavo Petro están activas y tienen diferentes grados de avance: el caso más avanzado y documentado es el de su hijo mayor, Nicolás Petro, con imputaciones y medidas en trámite; otros parientes, como su hermano Juan Fernando, figuran en pesquisas abiertas o en indagaciones preliminares que la Fiscalía mantiene bajo estudio [1] [2] [3] [4]. El gobierno sostiene que no intervendrá en las pesquisas y exige transparencia, mientras la oposición y el propio presidente se acusan mutuamente de instrumentalizar la justicia con fines políticos [5] [6] [7].
1. Nicolás Petro: imputaciones, cargos y calendario procesal
La Fiscalía presentó cargos formales contra Nicolás Petro por varios delitos relacionados con presunta intermediación en contratos y apropiación indebida de recursos, y ha pedido medidas de aseguramiento a partir de pruebas documentales y técnicas que allegó a la investigación [1] [8]. Informes periodísticos señalan que Nicolás enfrenta al menos dos procesos: uno en etapa preparatoria con un juicio previsto para 2026 y otro, conocido como el caso “Fucoso”, por supuestas irregularidades en contratos con la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social [2] [1]. La Fiscalía ha imputado delitos que incluyen lavado de activos y enriquecimiento ilícito en distintas diligencias abiertas desde 2023 y reforzadas con nuevas imputaciones en 2025, según la cobertura disponible [8] [1].
2. Juan Fernando Petro y el resto del círculo familiar bajo la lupa
El nombre de Juan Fernando Petro aparece en investigaciones abiertas que la prensa ha documentado y que el presidente ha públicamente dicho que no buscará frenar, pidiendo investigaciones para “determinar responsabilidades” [3] [9] [5]. Más allá de los familiares directos, varios medios y fuentes judiciales han registrado que hasta 28 funcionarios, allegados y personas del círculo cercano del mandatario están bajo investigación por distintos presuntos delitos —una cifra que incluye ministros, exfuncionarios, diplomáticos y miembros de la Fuerza Pública— lo que refleja un alcance amplio de pesquisas que no se limitan solo a la familia [4].
3. Estado institucional y garantías procesales reclamadas por el presidente
El propio presidente Petro solicitó a la Fiscalía investigar a sus familiares y, al mismo tiempo, pidió mecanismos de transparencia como la designación de un fiscal ad hoc para que no quedaran dudas sobre la imparcialidad del proceso, subrayando su compromiso público de no entorpecer las pesquisas [9] [5]. La Fiscalía, por su parte, aparece como actor central y ha documentado cargos, pero la información pública disponible no detalla en todas las causas fechas definitivas de juicio o resoluciones finales más allá de la previsión de algunos procedimientos para 2026 [1] [2] [10].
4. Narrativas contrapuestas: política, independencia judicial y desgaste mediático
El conflicto entre la narrativa del gobierno —que insiste en la autonomía del aparato judicial y en solicitar investigaciones— y la del presidente, que ha denunciado una campaña política contra su proyecto, complica la lectura pública de los procesos; opositores dicen que los casos prueban problemas de ética y gestión, mientras aliados y el propio Petro describen maniobras para deslegitimar su agenda [6] [7] [5]. Medios han consignado tanto las pruebas que la Fiscalía alega como testimonios públicos que avivaron las pesquisas —por ejemplo, declaraciones de la exesposa de Nicolás— lo que alimenta tanto la base probatoria como las disputas políticas sobre la motivación de las denuncias [8] [2].
5. Qué queda por confirmar y límites de la información disponible
Los reportes consultados permiten afirmar la existencia de imputaciones y la apertura de múltiples investigaciones alrededor de la familia Petro y su círculo, así como la previsión procesal de algunos juicios para 2026; sin embargo, no hay en las fuentes públicas consultadas una relación exhaustiva y actualizada de todas las decisiones judiciales (sentencias, archivos definitivos o medidas de aseguramiento concretas en cada expediente) ni plazos procesales unitarios para cada caso, por lo que el estado procesal exacto de cada investigación requiere verificación directa en comunicados oficiales de la Fiscalía o expedientes judiciales [2] [10] [1] [4].