Milei está destruyendo el Estado

Checked on January 6, 2026
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Executive summary

La pregunta “Milei está destruyendo el Estado” exige distinguir entre desmantelar funciones públicas y cambiar prioridades: la evidencia recoge un recorte fiscal abrupto, paralización de obras y reapuntes del gasto hacia seguridad e inteligencia que han debilitado servicios y tejido institucional, mientras que el gobierno sostiene que todo es parte de una purga necesaria para estabilizar la macroeconomía y reducir la inflación [1] [2] [3] [4]. En suma, no hay consenso: hay transformaciones profundas y riesgo real de erosión de capacidades estatales, pero tampoco un colapso institucional total; el proceso es deliberado, ideológico y políticamente conflictivo [5] [6] [7].

1. Cómo entender “destrucción del Estado”: definiciones y umbrales

Decir que un gobierno “destruye el Estado” implica que erosiona capacidades básicas (salud, educación, obras públicas, administración, independencia institucional) o quiebra la continuidad del funcionamiento democrático; Milei propone reducir gasto, eliminar lo que llama “casta” y privatizar o desmantelar estructuras, tareas que en la práctica se traducen en recortes masivos y reasignaciones presupuestarias que afectan servicios esenciales y la ejecución de obras públicas [3] [2] [1].

2. Las medidas que alimentan la acusación: recortes, paralización y reconfiguración del gasto

En sus primeros meses el gobierno aplicó un ajuste que, según ASAP, redujo el gasto público en torno al 30% real en ocho meses y suspendió licitaciones y obras nacionales, con el gobierno nacional “parando y abandonando” proyectos que antes se ejecutaban, al tiempo que recortó subsidios energéticos y trasladó costos a usuarios; estas medidas han coincidido con aumentos de pobreza y caída del consumo, lo que para críticos equivale a una “destrucción” funcional del Estado de bienestar [1] [2] [8] [4].

3. Contraargumento oficial y resultados macroeconómicos reivindicados

El Ejecutivo y sus aliados sostienen que el objetivo es “purgar” el populismo monetario, eliminar déficit y restaurar credibilidad fiscal: se comenzó a cerrar el déficit y, según el gobierno, se avanzó en estabilización macroeconómica con apoyo ciudadano en encuestas iniciales; parte del discurso oficial presenta el ajuste como condición imprescindible para que el Estado pueda sostenerse en el futuro, no para desaparecer [3] [9] [10].

4. Cambios institucionales y límites legales: decretos, leyes y resistencia política

Milei ha intentado reformas rápidas y decretos de emergencia, pero la debilidad parlamentaria y rechazos del Congreso han contenido algunos pasos (por ejemplo, el Parlamento rechazó un decreto de fondos para inteligencia), y proyectos ambiciosos han sido retirados o adaptados; eso revela que la “destrucción” top-down enfrenta frenos institucionales y requiere de mayor poder legislativo para convertirse en desmontaje irreversible [5] [6] [1].

5. Efectos sociales y políticos que alimentan la imagen de colapso

Los datos sociales y electorales muestran costes: la pobreza subió sensiblemente en 2024 y hubo desgaste de imagen en encuestas a lo largo del año, lo que alimenta la percepción pública de que el Estado protege menos y que políticas de ajuste están produciendo daño social; voces internacionales y opositoras no solo lo acusan de “destruir Argentina” sino que alertan sobre la concentración de poder y cambios culturales en la gestión pública [11] [4] [7].

6. Balance: remodelación radical, no (todavía) colapso institucional absoluto

Con datos a la vista, la caracterización más precisa es que Milei impulsa una remodelación radical del Estado guiada por una agenda libertaria —con recortes, privatizaciones parciales, reasignación a seguridad/inteligencia y fuerte retórica antipolítica— que ha debilitado capacidades estatales y producido costos sociales reales, pero el sistema democrático y muchos aparatos estatales siguen funcionando y el Congreso y la opinión pública actúan como contrapesos; por tanto, hablar de “destrucción” absoluta es hiperbólico según la evidencia disponible, aunque el riesgo de erosión permanente existe si se consolidan más medidas sin controles institucionales [1] [6] [12].

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¿Qué efectos ha tenido la reducción del gasto de 2024 en la ejecución de obras públicas y empleo?
¿Cómo han respondido el Congreso y la Justicia a los decretos y pedidos de fondos del gobierno de Milei?
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