Uribe habría dado la orden de cometer falsos positivos en la popa
Executive summary
La evidencia pública recopilada hasta ahora no demuestra que Álvaro Uribe diera una orden directa, explícita y comprobada para ejecutar "falsos positivos", pero sí documenta que la práctica se masificó durante su presidencia y que organismos judiciales y de derechos humanos han planteado la posibilidad de responsabilidades políticas y de mando por omisión o por generar incentivos institucionales [1] [2] [3].
1. Qué se entiende por "dar la orden" y qué puede probárselo
Decir que un presidente "dio la orden" implica una instrucción concreta, atribuible y verificable que ordenó una conducta criminal; los procesos y reportes consultados subrayan que, hasta la fecha, no se ha presentado ante la Justicia una prueba pública que vincule directamente a Uribe con una instrucción expresa para fabricar bajas en combate [3] [4], aunque existen investigaciones y demandas que alegan que conocía los hechos y no actuó para detenerlos [5].
2. Lo que la JEP y otras instancias han documentado sobre el fenómeno
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha cuantificado miles de víctimas presentadas como muertes en combate entre 2002 y 2008, periodo en el que se concentra el 78% de la victimización, y ha priorizado regiones donde la práctica fue más intensa; la JEP ha imputado a oficiales como el general (r) Mario Montoya por múltiples casos y ha descrito conductas institucionales —cuotas, lenguaje beligerante, ausencia de registro de capturas— que fomentaron resultados mortales [2] [6] [1].
3. Pruebas, imputaciones y la línea entre orden directa y responsabilidad de mando
Organismos como Dejusticia y la JEP señalan que no se ha presentado prueba de una orden directa de Uribe para cometer "falsos positivos", pero sostienen que, como comandante supremo durante un periodo con concentración masiva de estos hechos, podría existir responsabilidad de mando si se cumplen los requisitos del derecho internacional: mando efectivo, conocimiento o información y falta de medidas para prevenir o sancionar [3] [7]. En otras palabras, la pregunta en muchos informes se ha desplazado de "ordenó" a "¿tuvo responsabilidad por omisión o por crear incentivos?" [3].
4. Señales públicas, discursos y políticas que alimentaron la controversia
Varios analistas y medios recuerdan que durante la política de Seguridad Democrática se impulsaron metas y presiones por resultados contra las guerrillas, y que ministros y mandos militares emitieron directivas o incentivos que luego fueron interpretados como factores que facilitaron "falsos positivos" [8] [9]. Además, frases públicas de Uribe han sido sacadas de contexto —por ejemplo, dijo “yo di la orden” respecto a operaciones específicas como la entrada a la Comuna 13, no a ordenar ejecuciones extrajudiciales—, lo que ha avivado la disputa sobre interpretación y veracidad de clips circulantes [10].
5. Reclamos judiciales internacionales y demandas de familias
Familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos han presentado querellas fuera de Colombia, por ejemplo en Argentina, argumentando que Uribe “tenía conocimiento” de los hechos y no actuó; esos escritos citan comunicaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU que habrían alertado al Ejecutivo en 2003-2004 sobre ejecuciones extrajudiciales [5]. Esas demandas buscan investigación penal por crímenes de lesa humanidad bajo la vía de jurisdicción universal, pero no constituyen una sentencia que pruebe una orden directa.
6. Evaluación balanceada y límites de la evidencia disponible
Los hechos documentados son contundentes sobre la magnitud del fenómeno durante 2002-2008 y sobre la responsabilidad de mandos militares investigados por la JEP [2] [6] [1]. Sin embargo, las fuentes clave consultadas coinciden en que no se ha exhibido prueba irrefutable de una instrucción explícita de Uribe para cometer "falsos positivos" [3] [4]. Eso deja dos vías de responsabilidad: la penal por mando (si se prueba omisión deliberada ante conocimiento) y la política/moral por haber liderado un gobierno bajo cuya gestión la práctica se expandió [7] [3].
7. Conclusión práctica
No existe, según las fuentes revisadas, una constancia judicial pública de una orden directa de Álvaro Uribe para ejecutar falsos positivos; no obstante, la acumulación de casos durante su mandato, las imputaciones a mandos militares y las demandas que alegan su conocimiento sostienen que la responsabilidad no se limita a hechos aislados y plantea preguntas legítimas sobre mando y omisión que siguen en proceso de investigación y debate jurídico [2] [6] [5].